[Fuente: nortecastilla.es]
A partir del 1 de agosto del 2009, cuando se empiece a aplicar la OCM del vino aprobada esta semana por los ministros de Agricultura de la UE, se podrá reconocer en todos los países un mismo logotipo que identificará las Denominaciones de Origen (DO). Se mantiene además «por primera vez» el reconocimiento de las DO, que ya no se llamarán vinos de calidad producido en una región determinada -como se recogía inicialmente en la reforma- ,sino que se les llamará por el nombre que ya tenían en España.
«Cada país tenía un nombre distinto y no se sabía muy bien cuál era la denominación de origen y cuál el vino de la tierra», decía ayer en Valladolid la directora general de Industria Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Almudena Rodríguez.
Ante los representantes de las organizaciones agrarias insistió en que con la nueva OCM «saldrán beneficiados» los Consejos Reguladores, porque serán reconocidos como organizaciones interprofesionales y podrán mantener su capacidad de control.
Igualmente se les permitirá «hacer todas las restricciones que sean necesarias a través de su pliego de condiciones», y que tendrán por objeto regular y establecer los requisitos que debe cumplir un viticultor o bodega que esté inscrito en la DO.
De esta forma se ha simplificado el sistema de vinos ya que habrá, por un lado, denominaciones de origen que sustituyen a los Vinos de Calidad, producidos en regiones determinadas, e indicaciones geográficas para los vinos de calidad, que sustituyen a los Vinos de Mesa.
Por otro lado se ha logrado que el sistema de calidad europeo converja con el del mundo a través de la Organización Mundial de Comercio y esto significa, según Rodríguez, que «se reconocen mejor estas figuras a la hora de negociar».
Para la directora general «es importante» que la Comisión adapte las normas de la Organización Internacional de la Viña y el Vino porque esto «facilita la competitividad con otros mercados».
Pero la reforma recoge, además, otras medidas como la liberalización del sector a partir del 2015 pero con un margen de tres años para que sea el Estado miembro si se empieza o no a liberalizar, con lo cual, «no nos debemos preocupar» puesto que de aplicarse sería a partir del 2018.
Con todo, la directora general de Industria comentó que la reforma no tiene por qué crear discrepancias entre las comunidades autónomas. «Supongo que habrá sus más y sus menos como siempre hay, pero yo no creo que ninguna comunidad autónoma vaya a perder. Mantendrán su misma posición», confirmó aunque después matizó asegurando que no se tiene en cuenta «que cada región utilice una medida u otra de las previstas en la OCM en función de sus necesidades».